Soledad Mella

Soledad Mella imagina una sociedad en la que los recicladores de base sean reconocidos como contribuyentes esenciales a la gestión de residuos y la sostenibilidad medioambiental. Aborda el problema social de la marginación y la vulnerabilidad económica a la que se enfrentan los recicladores informales de base integrándolos en el sistema formal de gestión de residuos. Soledad pretende transformar su papel de individuos marginados a proveedores de servicios valiosos comprometidos con una misión medioambiental. Este cambio implica modificar los sistemas sociales, económicos y legales para garantizar que los recicladores reciban una remuneración por sus servicios y no solo por los materiales que recogen.

Hasta 2016, en Chile, se estimaba que 60 000 recicladores de base recogían e intercambiaban materiales reciclables en las calles y los vertederos, obteniendo unos ingresos diarios muy escasos y exponiéndose a condiciones de trabajo inseguras e inhumanas. Al mismo tiempo, los recicladores de base desconocían su papel crucial en la gestión de residuos y el impacto de su trabajo en la reducción de los efectos del cambio climático, ya que carecían de reconocimiento formal y de una remuneración adecuada. Además, se pasaba por alto el conocimiento de estas personas sobre el tratamiento y la gestión de los materiales reciclables.
El trabajo de Soledad se centra en crear una situación beneficiosa para todos mediante la profesionalización del papel de los recicladores de base. Si bien la modernización de los sistemas de gestión de residuos podría sugerir la desaparición gradual de los recicladores informales, Soledad reconoce su experiencia, su comunidad y su contribución económica. Ella imagina un papel para los recicladores dentro del sistema modernizado, no como trabajadores desplazados, sino como profesionales reconocidos. Su identidad evoluciona hacia la de recicladores expertos, que saben lo que se puede y no se puede reciclar. En este nuevo marco, desempeñan un papel fundamental en la educación y el asesoramiento de los ciudadanos, garantizando la sostenibilidad y preservando su contribución esencial al sistema.
Soledad, una recicladora de base con una larga trayectoria y muy orgullosa de su trabajo, conoce de primera mano las dificultades del reciclaje y ha defendido y presionado para impulsar la creación de 42 cooperativas que agrupan a 3400 recicladores de base hasta la fecha, lo que les permite acreditar sus servicios y obtener contratos legales en virtud de la Ley REP (Responsabilidad Extendida del Productor), lo que les garantiza salarios más altos y un lugar legítimo dentro de la cadena de valor de la gestión formal de residuos. La Ley REP es una legislación única en Chile y Latinoamérica, establecida en 2016, que se basa en el principio de «quien contamina, paga» y exige a los productores (por ejemplo, Coca Cola) que se responsabilicen de la organización y la financiación de la gestión de los residuos derivados de la comercialización de sus productos en el país, y que paguen a terceros que recogen y reciclan un porcentaje de los envases que producen. ANARCH (Asociación Movimiento Nacional de Recicladores de Chile), la organización dirigida por Soledad, empodera a las cooperativas mejorando su capacidad para aprovechar los conocimientos sobre los productos de desecho y el reciclaje, y participar en licitaciones para servicios de contratación pública. Con su experiencia en la separación y el procesamiento de materiales residuales, estas cooperativas son fundamentales para avanzar en la reciclabilidad y promover la gestión sostenible de los residuos. Esto mejora los ingresos de los recicladores, el poder de negociación colectiva y la contratación pública.
El éxito del modelo en Chile sirve de modelo para otros países, y Soledad ha sido nombrada delegada en foros internacionales. Fue la primera recicladora de base en intervenir en una COP, entre otras participaciones como representante de Latinoamérica en el Tratado Global sobre la Contaminación por Plásticos de las Naciones Unidas, y en el grupo de liderazgo de RED LACRE (Red Latinoamericana y del Caribe de Recicladores), donde representa a 18 países de Latinoamérica y aboga por cambios legislativos similares a nivel mundial. También ha contribuido a fortalecer los movimientos nacionales de reciclaje en Costa Rica y Panamá, y actualmente está experimentando con la tecnología blockchain para mejorar la trazabilidad del impacto de los recicladores y con incentivos económicos como los créditos de carbono y metano.

Según la Asociación Internacional de Residuos Sólidos (ISWA), la tasa media mundial de reciclaje es de alrededor del 14 %, pero el 90 % de nuestros residuos pueden reciclarse si se separan correctamente. Además, según un informe de la Oficina Internacional del Reciclaje (BIR), la industria del reciclaje genera aproximadamente 500 000 millones de dólares al año en todo el mundo[1] (el mismo PIB anual de los Emiratos Árabes Unidos). Esta cifra representa los ingresos combinados generados por la recogida, el procesamiento y la venta de materiales reciclados. Además, la industria del reciclaje da empleo a más de 1,6 millones de personas en todo el mundo, lo que contribuye de manera significativa a la creación de empleo y al desarrollo económico.
Cuando se apoya y organiza adecuadamente, el reciclaje informal puede crear puestos de trabajo, mejorar la competitividad industrial local, reducir la pobreza y disminuir el gasto municipal. Sin embargo, la realidad de más de 15 millones de recolectores informales de residuos en todo el mundo —normalmente mujeres, niños, ancianos, desempleados o migrantes— sigue siendo la insalubridad, la falta de protección social o de seguro médico y el estigma social persistente[2]. Los recicladores informales de base son parte integral de los sistemas de gestión de residuos en muchos países de bajos ingresos, incluido Chile. En muchos países de América Latina, hasta el 96 % de los residuos reutilizables terminan en vertederos porque no existen programas de reciclaje o porque la población no percibe su relevancia. La separación en origen es aún más vital en estos países que carecen de sistemas formales o consolidados de gestión de residuos.
En este contexto, los recicladores informales son el primer eslabón de la cadena de recuperación de materiales. Recogen, clasifican y venden manualmente los materiales reciclables, prestando un servicio esencial que reduce los residuos que van a parar a los vertederos y las emisiones de gases de efecto invernadero. En Chile, aproximadamente 60 000 recicladores, de los cuales el 60 % son mujeres, son responsables de hasta el 50 % de los residuos reciclados en algunas regiones, y una estimación aproximada sugiere que cada reciclador puede recoger entre una y tres toneladas de residuos al día. El cierre de los vertederos abiertos ha dejado a muchos recicladores sin acceso a su principal fuente de ingresos, ya que normalmente se les paga por kilogramo de material recogido y no por su trabajo, lo que se traduce en ingresos muy inferiores al salario mínimo. Trabajan en condiciones precarias, sin prestaciones ni protecciones laborales formales. Además, se enfrentan a importantes riesgos para la salud y al estigma social. Los recicladores de base suelen ser considerados una amenaza y su trabajo se considera una actividad informal que debe erradicarse, y muchos consideran que sus triciclos son una molestia que perturba el paisaje urbano. A su vez, los recicladores de base tienden a desconfiar de las autoridades, lo que conduce a la fragmentación y la falta de organización, lo que dificulta hablar con una sola voz y negociar colectivamente mejores condiciones de trabajo y el reconocimiento del verdadero valor de sus contribuciones. Debido a la naturaleza informal de su trabajo, no hay datos fiables sobre su impacto en la reducción de los efectos del cambio climático, y mucho menos sobre el número exacto de recicladores de base o sus ingresos medios.
En Chile, la organización de Soledad, ANARCH, fue fundamental para la promulgación de la Ley REP en 2016, cuyo objetivo era, entre otras cosas, integrar a los recicladores en el sistema formal de gestión de residuos, lo que supuso un hito y un importante avance, aunque siguen existiendo importantes obstáculos. En marzo de 2021, la promulgación de la ley estableció el Gran Sistema Colectivo de Gestión (GRANSIC) como una forma innovadora de cumplir los objetivos establecidos en la Ley REP. Los sistemas GRANSIC son entidades autónomas sin ánimo de lucro financiadas por las empresas productoras de residuos para organizar y financiar el reciclaje eficiente y responsable de envases y embalajes con el fin de cumplir la Ley REP, que establece multas y objetivos de reciclaje estrictos para las empresas que comercializan, importan o producen bienes de consumo envasados. Se estima que solo en Chile más de 15 000 empresas manufactureras están obligadas a afiliarse a los GRANSIC[3].
En este sistema, para que los recicladores de base puedan asociarse con los intermediarios de los GRANSIC, los municipios u otros gestores de residuos de la industria para la prestación de servicios, la Ley REP les exige obtener costosas certificaciones para participar en el sistema formal, lo que supone una carga financiera dada sus bajos ingresos. Por ejemplo, los costos de certificación oscilan entre 300 dólares estadounidenses en Arica (norte de Chile) y 800 dólares estadounidenses en Punta Arenas (sur de Chile). Estas expectativas son poco realistas, dado que un reciclador informal en Chile gana aproximadamente 150 dólares estadounidenses al mes (ni siquiera una cuarta parte del salario mínimo) por el intercambio de los materiales recolectados, lejos del valor real que compensa sus horas de trabajo.
Irónicamente, los beneficios económicos del reciclaje, como los créditos de carbono y los contratos de gestión de residuos, son captados por las grandes empresas en lugar de por los propios recicladores. Esta distribución desigual de los beneficios limita el empoderamiento económico de los recicladores y refuerza los desequilibrios de poder existentes en la industria de la gestión de residuos.

Los recicladores informales de base son el centro del trabajo de Soledad Mella. La estrategia de Soledad tiene como objetivo profesionalizar a estos recicladores, integrándolos en el sistema formal de gestión de residuos y garantizando que reciban salarios justos y reconocimiento por sus contribuciones medioambientales.
Al organizar a los recicladores en cooperativas, la iniciativa mejora su poder de negociación colectiva, lo que les permite negociar mejores condiciones con las organizaciones de gestión de residuos (es decir, los GRANSIC) y los gobiernos locales. Como resultado, los recicladores se benefician de ganancias económicas inmediatas, pero también se crea un impacto sistémico, ya que el modelo cooperativo desafía las dinámicas de poder existentes dentro de la industria de la gestión de residuos.
En primer lugar, ANARCH obtiene financiación internacional para establecer cooperativas. Se reúne con recicladores de base agrupados en una zona específica de una ciudad para explicarles por qué es beneficioso para sus operaciones tener una cooperativa. Una vez alcanzado un acuerdo, comienza la formación en gestión cooperativa con la Fundación AVINA, socia de ANARCH (con sus abogados y miembros del personal): redacción de los estatutos con información sobre los cinco o más miembros, seguimiento durante ocho a doce meses, inscripción en el Registro Nacional de Cooperativas, creación de un modelo de negocio, estructuración del departamento administrativo, el equipo y la junta directiva. Elección de un director general, un tesorero y un comisario financiero.
Hasta la fecha, siguiendo este proceso general, Soledad ha creado 42 cooperativas gestionadas íntegramente por recicladores de base que antes trabajaban de manera informal. En promedio, la cooperativa organiza el trabajo de 3400 recicladores en todo el país, cubriendo 14 de las 16 regiones de Chile. Los resultados muestran que algunos han triplicado sus ingresos porque sus horas de trabajo se valoran adecuadamente.
Hoy en día, los hijos y sobrinos de los recicladores gestionan los centros de reciclaje en dos de las tres zonas más ricas del país, Vitacura y Lo Barnechea. Los hijos de los recicladores también asumen funciones administrativas dentro de las cooperativas y han formado un equipo para enseñar a los residentes a reciclar. Al ser miembros de la cooperativa, cada reciclador de base gana aproximadamente entre 550 y 600 dólares al mes, tres veces más que sus ingresos anteriores. La propia Soledad trabaja junto a sus hijos en su cooperativa afiliada a ANARCH, que cuenta con 60 recolectores miembros.
Los principales clientes de las cooperativas son los gobiernos locales y los intermediarios de gestión de residuos, que son actores fundamentales en el ecosistema de gestión de residuos, ya que son responsables de aplicar las políticas de gestión de residuos y garantizar el cumplimiento de la normativa nacional, como la Ley REP. La figura jurídica de la cooperativa permite a los recicladores convertirse en proveedores de servicios oficiales y aprovechar su experiencia práctica en la gestión de residuos como su principal ventaja competitiva. Un mandato fundamental de la Ley REP es la inclusión de los recicladores informales en el sistema de gestión de residuos y, en consecuencia, existe un incentivo adicional para que estos actores clave se asocien con cooperativas, lo que permite a los recicladores obtener un valor añadido dentro de la cadena de valor del reciclaje. Esto puede incluir actividades como el establecimiento y la gestión de instalaciones de pretratamiento o la supervisión del desmantelamiento de residuos electrónicos.
A Soledad le ha resultado difícil convencer a algunos recicladores para que se unan a las cooperativas, ya que algunos de ellos desconfían del Gobierno y de las empresas. Sin embargo, ha encontrado formas de incorporarlos también a su solución, ya que prevé que las cooperativas más grandes beneficien a las más pequeñas a medida que el modelo se consolide. Es consciente de que algunas cooperativas no sobrevivirán debido a fallos en la organización, la falta de habilidades, entre otras razones. Por eso, parte de su estrategia consiste en crear una base sólida de cooperativas que sostenga al resto, incluso a los recicladores de la periferia, que prefieren permanecer en la informalidad.
Modelo cooperativo combinado con programas de formación y certificación; Soledad dota a los recicladores de las habilidades y credenciales necesarias para participar en la economía formal. Dado que las certificaciones son demasiado caras para los recicladores, se le ocurrió una forma creativa de garantizar su acreditación. Consiguió establecer alianzas con empresas afines que no habían agotado sus cuotas de deducción fiscal para la formación del personal y creó un mecanismo empresarial para que los recicladores de base fueran contratados durante el tiempo necesario para recibir formación a cargo de estas grandes empresas. Así es como consiguió que 3400 recicladores obtuvieran la certificación y estuvieran listos para prestar sus servicios en el sistema formal de gestión de residuos. Ahora, Soledad quiere ampliar este programa para garantizar que más recicladores tengan acceso a las certificaciones, por lo que ha iniciado conversaciones tripartitas con los sectores público y privado para ampliar este mecanismo utilizando exenciones fiscales para la formación del personal. Mientras tanto, sigue aumentando el número de recicladores certificados en colaboración con empresas del sector de las bebidas, como Coca Cola y CCU, la federación nacional sin ánimo de lucro que agrupa a 22 asociaciones empresariales de Chile (SOFOFA), y a través de becas concedidas por el Servicio Nacional de Empleo y Capacitación (SENCE).
Un ejemplo notable del espíritu emprendedor de Soledad es la asociación que estableció en 2023 con ReSimple en Maipú, el primer GRANSIC de Chile y un actor clave en el sistema de gestión de residuos del país, ya que su grupo de empresas asociadas representa más del 30 % del volumen de envases que se comercializan cada año. Gracias a esta colaboración, los recicladores certificados se han hecho cargo de la gestión del 100 % de los puntos de reciclaje de ReSimple, superando incluso lo exigido por la Ley REP (al menos el 50 %). El trabajo de los recicladores abarca la recogida de materiales reciclables, el funcionamiento de los puntos de reciclaje y la educación ambiental de sus usuarios. Soledad no quiere dejar a nadie atrás, por lo que se ha asegurado de que los recicladores de base de más edad que ya no tienen la fuerza física para desempeñar una labor exigente en la calle puedan asesorar y educar a los consumidores sobre cómo desechar correctamente sus materiales reciclables en estos puntos de reciclaje. Además, estos puntos de reciclaje cuentan con aseos, lo que puede parecer trivial, pero supone una mejora importante en las condiciones de trabajo y los riesgos para la salud, especialmente para las recicladoras de base, que son mayoría. Soledad gestionó la cesión de un terreno de 3000 metros cuadrados para este fin en conversaciones con el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Bienes Nacionales. Al cambiar el enfoque de la supervivencia individual al éxito colectivo, el modelo cooperativo cambia la mentalidad y fomenta un enfoque más colaborativo de la gestión medioambiental. Hasta ahora, 18 cooperativas han firmado contratos con GRANSIC, y la cooperativa de Soledad ha firmado cinco acuerdos con GRANSIC para gestionar puntos de reciclaje e instalaciones de pretratamiento.
También existe la idea errónea de que las personas de las zonas urbanas de bajos ingresos no conocen o no están interesadas en el reciclaje. Las cooperativas son especialmente necesarias en estas zonas, donde no es rentable para las grandes empresas operar centros de reciclaje. Soledad ha logrado resultados sobresalientes en barrios como Independencia, una zona de bajos ingresos de Santiago, donde una cooperativa ANARCH gestiona puntos de reciclaje; han conseguido desechar solo entre el 10 % y el 15 % de los residuos (frente a la media nacional del 80 %). Esto le demostró que, con los conocimientos y la infraestructura adecuados, y con personas como ellos gestionando los puntos de reciclaje, se puede lograr un gran impacto en las tasas de reciclaje, incluso en zonas de bajos ingresos.
Del mismo modo, Soledad impulsó la creación del primer centro de pretratamiento de residuos de Chile en la comuna sureña de Freire, en un terreno de 50 hectáreas en una región con población indígena, que aceptó el proyecto por su bajo impacto ambiental y la protección de las aguas subterráneas, además de generar empleo. En un modelo de colaboración público-privada (PPP) sin precedentes, el centro se financiará a través de una fundación colombiana, y la oficina del gobierno local pagó a la comunidad indígena por el terreno. Soledad está considerando replicar un modelo similar en el enorme vertedero ilegal de El Molle, en Valparaíso.
En 2023, en el Congreso Nacional, Soledad solicitó a la Comisión de Medio Ambiente que aprobara una ley específica para reconocer el trabajo que realizan los recicladores de base y presentó una petición de 13 puntos de ANARCH sobre mejoras a su situación en el marco de la Ley REP. En esa ocasión, el presidente de la Comisión de Medio Ambiente se comprometió a revisar la petición y considerar las demandas de los trabajadores en una reunión de trabajo con asesores legislativos y el Poder Ejecutivo.
Una de las principales estrategias para ampliar el impacto de Soledad es la expansión de las redes cooperativas. Mediante la creación de nuevas cooperativas y el fortalecimiento de las ya existentes, Soledad pretende aumentar el número de recicladores certificados que se benefician del poder de negociación colectiva y del empoderamiento económico. Para comprender mejor el impacto potencial y planificar la capacidad en consecuencia, Soledad está impulsando la creación de un nuevo registro nacional de recicladores, actualizando la versión anterior de 2015, que estimaba en alrededor de 60 000 el número de recicladores informales en Chile. Como parte de sus planes a corto plazo, también está trabajando para consolidar las instalaciones de pretratamiento que serán gestionadas íntegramente por recicladores de base. Ya ha conseguido financiación de Coca-Cola para ayudar a tres de estas instalaciones a obtener las certificaciones necesarias. Al mismo tiempo, Soledad y su equipo están reforzando activamente 12 cooperativas específicas que, con el tiempo, se harán cargo de las operaciones.
Mediante la formalización de todos los niveles del mercado de reciclaje existente en el país, crecen las economías circulares y se generan datos para compensar los créditos de carbono/metano. ANARCH busca integrar a los recicladores en los mercados de carbono y metano mediante el uso de tecnologías que garanticen la trazabilidad y la transparencia de los residuos. Con este fin, ha iniciado un estudio sobre la implementación de una cadena de bloques privada, a través de Amazon Web Services (AWS) u otros servicios similares, en colaboración con Global Methane Hub y la Alianza Global de Recicladores, para registrar en tiempo real cada servicio prestado, las toneladas de residuos recuperadas y su origen y destino. Esta herramienta permitirá verificar cada transacción, generar confianza con los socios a través de datos concretos sobre el impacto del reciclaje y crear valor ambiental adicional al certificar la reducción de emisiones, lo que facilitará la obtención de créditos de carbono y metano negociables.
A través de ANARCH, Soledad también influye directamente en la Estrategia Nacional de Residuos Orgánicos que se está elaborando en Chile, que se refiere a la consolidación de una normativa para la gestión de los residuos orgánicos. En Chile, los residuos orgánicos representan el 58 % del total de los residuos sólidos que gestionan actualmente los municipios. ANARCH ha sido un actor clave en la elaboración de la normativa y Soledad ha llamado estratégicamente la atención del sector sobre el hecho de que menos del 1 % de los residuos orgánicos recogidos se valorizan en el mercado, y que el gas metano emitido por los residuos orgánicos húmedos que no se compostan adecuadamente causa tanto o más daño que todo el sector del transporte en su conjunto e impide el reciclaje de otros materiales sólidos, como el plástico o el cartón. Soledad también ha representado la voz de los recicladores de base como miembro del Comité Estratégico para co-diseñar y validar la Hoja de Ruta de Chile hacia una Economía Circular y es asesora experta de la Estrategia Nacional para una Transición Socioecológica Justa, ambas lideradas por el Ministerio del Medio Ambiente.
La promoción de políticas y el cambio legislativo son fundamentales para ampliar el impacto de Soledad más allá de Chile. Esto implica participar en foros internacionales, como la COP29 y el Tratado Global sobre la Contaminación por Plásticos, para abogar por políticas que reconozcan y empoderen a los recicladores.

Soledad Mella es una destacada líder social y activista chilena, ampliamente reconocida por su incansable defensa de los recicladores de base y su lucha de toda la vida contra la desigualdad social. Nacida y criada en Lo Hermida, un barrio de bajos ingresos de Santiago, Soledad tuvo una infancia difícil marcada por la violencia y el impacto devastador de las drogas en su comunidad. Desde muy joven, demostró un talento natural para el liderazgo, fue presidenta de consejos estudiantiles y mostró un profundo compromiso con la justicia, especialmente con sus compañeros más vulnerables. Siempre la impulsó el deseo de abordar los problemas sociales acuciantes que la rodeaban.
A los 15 años conoció a su futuro marido y juntos comenzaron a organizar eventos culturales y recaudaciones de fondos comunitarios para apoyar iniciativas juveniles. En medio de la crisis económica de 1988, Soledad se convirtió en madre de dos hijos antes de cumplir los 20 años, a los que crió en un entorno extremadamente difícil. Un momento decisivo se produjo cuando vio a uno de sus hijos comiendo pan mohoso. Esa dolorosa imagen supuso un punto de inflexión en su vida: se comprometió a construir un futuro mejor no solo para su familia, sino para toda su comunidad.
Con esa convicción, ella y sus vecinos organizaron unas 200 ollas comunes (comedores sociales) para proporcionar comida a los más necesitados. Por esa misma época, comenzó a vender productos en mercados al aire libre, lo que la llevó al mundo del reciclaje.
Al principio, Soledad se dedicó al reciclaje por necesidad económica: recogía vidrio, metales como cobre y aluminio, y celulosa de libros, revistas y cartones desechados. También vendía objetos reutilizables de manera informal en ferias locales. Lo que comenzó como una estrategia de supervivencia pronto se transformó en un negocio familiar de reciclaje. Bajo su liderazgo, llegaban a manejar hasta 4000 kilos de materiales reciclables al día. Compró su primer triciclo motorizado y, con el tiempo, construyó una pequeña flota. A medida que su negocio crecía, incorporó a su marido y a su hijo mayor. Su empresa no solo gestionaba un centro de reciclaje, sino que también prestaba servicios a oficinas y clientes comerciales.
La influencia de Soledad traspasó los límites de su comunidad local cuando conoció a Exequiel Estay, una figura destacada del movimiento de recicladores, durante la instalación de una estación de reciclaje. Juntos forjaron una sólida alianza y, en 2012, ella se había convertido en una voz influyente en la Asociación Nacional de Recicladores de Chile (ANARCH). Junto con otros líderes de base, defendió un cambio legislativo y desempeñó un papel clave en la elaboración y promoción de la Ley REP (Ley de Responsabilidad Extendida del Productor), que se promulgó en 2016.
Su sueño para el futuro es audaz y urgente: que ningún reciclador se vea obligado a trabajar en un vertedero, que ningún niño tenga que rebuscar comida entre la basura y que el reciclaje deje de considerarse un destino inevitable para convertirse en una profesión digna. Imagina un mundo en el que los recicladores estén seguros, sean respetados y empoderados, y no atropellados por camiones ni olvidados en los márgenes de la sociedad.
Soledad Mella ha representado a Chile en foros internacionales centrados en cuestiones medioambientales y justicia social, donde ha destacado el reciclaje no solo como un pilar fundamental de la sostenibilidad, sino también como una herramienta poderosa para promover la equidad y la inclusión. Su trabajo le ha valido el reconocimiento nacional e internacional, consolidando su papel como defensora destacada de los derechos de los trabajadores informales y la justicia social en Chile.